jueves, 21 de enero de 2010

Cien mil funcionarios a la calle en Rumanía


El nuevo ministro de Finanzas y Trabajo, Sebastian Vladescu, ha anunciado hoy que su principal objetivo en 2010 es respetar los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, y que este año sera para los empleados públicos el año de "apretarse el cinturon". Seguramente los empleados públicos rumanos, como la mayoria de los ciudadanos del pais, se preguntaran "¿es que nos lo hemos dejado de apretar alguna vez desde 1990?

El señor ministro ha anunciado que las restricciones salariales y sociales tendran que durar, como mínimo, tres años, para lograr los ajustes exigidos por el banco internacional y la Unión Europea, y que dada la poca soberania que le queda a la entregada Rumania poca cosa se puede hacer.

En resumen, durante 2010 el número de empleados del estado se va a reducir, como poco, en 100.000, aunque el objetivo global calculado por el anterior ministro de finanzas es de 400.000 funcionarios menos en tres años (un 10% del personal).

Las los empleados públicos dejaran de percibir tambien otros beneficios "extrasalariales" como habia sucedido hasta ahora, como los premios por actividades especiales o las horas extras, que ahora se compensaran solo con tiempo libre.

Tampoco recibirán bonos de comida, de regalo, o de vacaciones, estos ultimos una medida adoptada el año pasado para fomentar el turismo nacional. Además los salarios se congelarán y solo en caso de las instutuciones autónomas con autofinanciamiento podrán tener un aumento igual a la inflacion si estas tienen beneficio.

En definitiva, los empleados públicos se suman a los pensionistas como los primeros ciudadanos rumanos que pagarán la crisis, aunque habría que clarificar cuándo los trabajadores de Rumania no han estado en crisis en los últimos 20 años. Cuando la economia iba muy bien, los únicos beneficiados de esto fueron empresarios y clase política, mientras los ciudadanos no veían mejorada su calidad de vida de forma clara.

Por cierto, que los sindicatos han avisado que no van a aceptar tan fácilmente la medida que mandará a la calle a cien mil ciudadanos.

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